Como enseña la historia, “apoderarse de la memoria y del olvido es una de las máximas preocupaciones de las clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y dominan las sociedades históricas”. Por eso la memoria institucionalizada es siempre aquella que más sirve los intereses de la dominación. No es pues de extrañar que los que cominan tengan la pretensión de decretar qué partes de la memoria pueden y cómo deben ser recordadas, como igualmente cuáles deben ser imperativamente olvidades. Este olvido, siempre deliberado, es el que permite al Poder reelaborar el pasado e instituir la memoria en Historia. Su función no es sólo convertirse en amnesia histórica institucional sino también en amnesia colectiva. Ésta es la “amnesia” que el “nuevo” Poder surgido de la transición impuso al pueblo español. Se dijo -y aún se sigue diciendo- que, en aras de conseguir la “paz y la concordia” entre los españoles, era necesario olvidar las atrocidades de la “Guerra Civil”… Pero lo más grave e indignante es que ahora, treinta años después, aún pretendan haber sido ellos, los vencedores, los indulgentes, y magnánimos, y así justificar su indecencia de oponerse a la rehabilitación de cuantos lucharon por las libertades democráticas y sufrieron represión por haber combatido a la dictadura
franquista.